LO QUE QUIERE SABER EL SUPREMO EN EL CASO DE OBAMA
por Raed Gonzalez, JD LLM. www.evitaladeportacion.com, 713-481-3040
El camino no ha sido fácil. Hemos caído dos veces, pero a la tercera va la vencida y el panorama que se avista nos da la esperanza de que nuestra suerte al fin cambiará. Ya estamos en la recta final y solo faltan unos cuantos meses más para conocer cuál será el futuro de cerca de 5.5 millones de indocumentados que entraron a temprana edad o son padres de ciudadanos o residentes en los Estados Unidos. Estoy hablando, por supuesto, de las acciones ejecutivas del presidente Obama y la llegada de la controversia generada por éstas al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Durante el pasado mes de enero, la Corte Suprema anunció que verá el caso durante su próxima sesión y resolverá la controversia sobre las medidas tomadas por el presidente referentes a inmigración. Al fin se decidirá si debe o no continuar la acción ejecutiva en lo que la demanda presentada por 26 estados se decide, o sencillamente el Tribunal también puede decidir que los Estados no pueden demandar en esta controversia. Para poder tomar su decisión, la Corte le pidió a las partes que sometieran escritos legales contestando, básicamente, cuatro preguntas. A continuación les explico de qué se trata todo esto.
La primera pregunta que hace la Corte Suprema es si los estados tienen el derecho para demandar al gobierno federal y si la corte es el lugar apropiado para resolver su reclamo. Esta pregunta surge de unos principios básicos de Derecho, para que una corte pueda ver una demanda. En este caso, los estados alegan tener autoridad y derecho para demandar al gobierno federal, porque las acciones propuestas causarán un daño económico para ellos (gasto al producir licencias). El gobierno federal, por su parte, alega que las medidas de Obama no brindan derecho a las personas, y solo son guías para que los oficiales de inmigración ejerzan su discreción. Más aun, destacan que la corte no debe inmiscuirse en el caso porque los estados mismos pueden evitar sufrir el daño cambiando sus leyes cobrando por las licencias. Finalmente, señalan que la Constitución explícitamente le otorga al gobierno federal el poder de controlar la inmigración, y que por ello, los estados no tienen por qué quejarse.
La segunda pregunta a contestar es si las guías fueron implementadas legalmente. Los estados opinan que la manera en que se llevó a cabo el proceso fue ilegal, ya que no se siguieron los protocolos legales para la implementación de nuevas regulaciones. Sin embargo, la administración de Obama siempre ha mantenido que no se trata de nuevas regulaciones que brindan derechos, sino de guías internas dirigidas a los oficiales de inmigración, para que ejerzan su discreción de acuerdo a guías ya existentes.
La segunda pregunta nos lleva a la tercera, ya que la corte quiere saber si aun siendo las acciones del presidente meramente guías, estas son legales. Sobre este particular, los estados indican sostienen, en primer lugar, que no son meramente guías, y añaden que no son legales ya que en realidad sí le confieren a los inmigrantes ilegales presencia legal en el país, con los beneficios asociados a ésta. No obstante, debido a la poca cantidad de recursos que tiene el gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración, la administración de Obama aduce que las guías no solamente son legales, sino necesarias para poder manejar el volumen de trabajo. Añaden, además, que muchísimos otros presidentes antes de Obama han actuado de forma similar y que las cortes le han brindado amplia deferencia.
Esta última pregunta, a su vez, se deriva de la anterior, ya que la Corte Suprema quiere saber si las guías violentan la sección de la Constitución que establece que el Presidente debe hacerse cargo de que las leyes sean cumplidas fielmente. Sobre esta cuarta pregunta existe mucha especulación y se piensa que la Corte está aprovechando la ocasión para decidir un asunto que va más allá del tema de inmigración. Por una parte, el Obama si está obligado a hacer que las leyes se cumplan fielmente, pero el significado de esta fidelidad no está cien por ciento claro. Por esta razón, podría decirse que el Obama no ha incumplido su deber constitucional, ya que no está incentivando el incumplimiento de la ley, sino que está decidiendo como se aplica. Tampoco ha creado nuevos derecho para los inmigrantes, sino que simplemente ha determinado que aquellos que cumplan con ciertas condiciones no será deportados por el momento. Los beneficios que esta decisión otorga son incidentales a la determinación de no ser procesados para deportación y no una recompensa por cumplir con las condiciones.
En mi opinión, el presidente Obama tiene todas las de ganar en este proceso y espero que ya para junio por fin tengamos buenas noticias. Sin embargo, no nos podemos confiar y tenemos que estar al pendiente de todos los acontecimientos para estar preparados para cualquier decisión que la Corte Suprema emita.