Después del trágico tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. en diciembre de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva restringiendo la inmigración y exigiendo una “verificación extrema” para los nacionales de treinta y nueve (39) países. Tras esta orden ejecutiva, USCIS dejó de procesar miles de solicitudes, a pesar de las tarifas pagadas por los solicitantes y de la dependencia que tenían de dichas solicitudes. El presidente Trump declaró que las prohibiciones serían “permanentes” y que fueron implementadas para prevenir la inmigración proveniente de países del “Tercer Mundo”.
En respuesta a las órdenes ejecutivas, USCIS suspendió la aprobación de todas las solicitudes de beneficios migratorios, incluidas las naturalizaciones, tarjetas de residencia permanente, permisos de trabajo y peticiones de visa, para los nacionales de países sujetos a una prohibición de viaje. USCIS exigió que cualquier solicitante proveniente de un país sujeto a una prohibición de viaje fuera considerado como poseedor de un “factor negativo significativo” debido a su nacionalidad. USCIS también está realizando una “nueva revisión” de todos los beneficios migratorios otorgados a personas de los 39 países desde el inicio de la Administración Biden. Por último, prácticamente todas las solicitudes de asilo ante USCIS habían sido suspendidas por un período indefinido.
El 5 de junio de 2026, el juez federal de distrito John J. McConnell, Jr., de Rhode Island, determinó que cada una de estas políticas era ilegal y ordenó que USCIS cesara inmediatamente su aplicación. El juez McConnell concluyó que USCIS no tiene una base legal para imponer una suspensión indefinida de beneficios migratorios. También determinó que algunas de las nuevas políticas son incompatibles con una ley federal que prohíbe la discriminación por nacionalidad en decisiones relacionadas con visas.
Posteriormente, el juez McConnell también concluyó que la evidencia presentada dejaba claro que la motivación de la Administración Trump para implementar estas políticas era el prejuicio contra inmigrantes de ciertos países. Finalmente, el juez McConnell determinó que las políticas eran arbitrarias y caprichosas. “Arbitrario y caprichoso” es un estándar legal establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo que exige que las agencias expliquen el razonamiento detrás de sus políticas y establezcan una conexión entre la evidencia y las conclusiones alcanzadas. Esta decisión representa una pequeña victoria para los inmigrantes, pero no constituye una decisión final. El gobierno federal puede, y probablemente lo hará, apelar esta decisión ante el Primer Circuito o ante la Corte Suprema.
Para obtener más información sobre este asunto u otros temas relacionados con inmigración, comuníquese hoy mismo con los abogados de González Olivieri LLC.
Referencias
Aaron Reichlin-Melnick, “Federal Court Blocks Sweeping Pause on Legal Immigration for Nationals of 39 Countries.” American Immigration Council (8 de junio de 2026), https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/court-blocks-uscis-immigration-pause-39-countries/.