Abogados impugnan la detención de más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos y recluidos en el Centro de Reclusión contra el Terrorismo de El Salvador. Bajo un acuerdo de 2020 con El Salvador, la administración Trump envió a 238 venezolanos a la instalación como parte de los esfuerzos de aplicación de inmigración. Los representantes legales informan que no se les ha permitido el acceso a sus clientes, ni han recibido información sobre su ubicación o condición.
El abogado Jaime Ortega, del Grupo Ortega, que representa al menos a 30 detenidos, dijo que ninguno de los individuos había cometido delitos en El Salvador, cuestionando la base legal para su encarcelamiento inmediato. Múltiples recursos de hábeas corpus presentados ante el Tribunal Supremo de El Salvador siguen sin respuesta.
Grupos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal, han pedido transparencia y acceso a asistencia letrada para los detenidos. Los críticos han expresado su preocupación por el poder judicial de El Salvador, especialmente después de que el gobierno del presidente Nayib Bukele sustituyera a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general por aliados.
El estado de excepción de Bukele, declarado en respuesta a la violencia de las bandas, ha llevado a la detención de aproximadamente el 2% de la población adulta. Aunque la tasa de homicidios del país ha descendido, las organizaciones internacionales han expresado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y la denegación del debido proceso.
Referencia:
Renteria, Nelson. Kinosian, Sarah. “Lawyers say El Salvador blocks access to detained Venezuelans” Reuters. April 15 2025.