La administración Trump ha pedido a la Suprema Corte que intervenga en una disputa legal relacionada con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una autoridad de guerra utilizada por el presidente Trump para deportar a presuntos miembros de una pandilla venezolana. La administración pretende anular una decisión del juez de distrito estadounidense James Boasberg, que bloqueó temporalmente nuevas deportaciones en virtud de esta ley, una decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington.
La Ley de Extranjeros Enemigos, que data de 1798, permite al Presidente apuntar y deportar a inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra o cuando un “enemigo” representa una amenaza. Tras invocar esta ley en marzo de 2025, la administración Trump deportó a más de 200 venezolanos, alegando vínculos con la banda Tren de Aragua, a pesar de que algunos individuos habían sido deportados por otras autoridades.
La batalla legal se centra en si el presidente tiene autoridad para aplicar esta ley sin interferencia judicial, con la administración Trump argumentando que las decisiones de seguridad nacional no deben ser obstaculizadas por los tribunales. El Departamento de Justicia ha solicitado al Tribunal Supremo que dicte una suspensión administrativa temporal para reanudar las deportaciones mientras se revisa el caso.
Cinco venezolanos, que permanecen en EE.UU. y están retenidos por Seguridad Nacional, presentaron una demanda impugnando el uso de la ley. El bloqueo temporal del juez Boasberg se prorrogó hasta el 12 de abril de 2025, lo que le da más tiempo para considerar una medida cautelar.
El caso se ha convertido en un punto focal de un enfrentamiento mayor entre la Casa Blanca y el poder judicial. El equipo legal de la administración Trump ha argumentado que órdenes judiciales como esta socavan las decisiones de seguridad nacional del presidente. Los expertos legales están divididos sobre la interpretación de la Ley de Enemigos Extranjeros, con algunos argumentando que los tribunales deben revisar su aplicación, mientras que otros, como la jueza Karen Henderson, afirman que las decisiones de seguridad nacional deben permanecer dentro del ámbito del Presidente. El resultado de este caso podría tener importantes implicaciones para la separación de poderes y la autoridad del ejecutivo en futuros asuntos de seguridad nacional.
Referencias:
Fritze, John. Cole, Devan. “Trump asks Supreme Court to overturn Boasberg’s ruling blocking him from using the Alien Enemies Act for deportations.” March 28, 2025.