Un reciente memorándum de la fiscal general Pam Bondi hace énfasis en al aumento de la atención del Departamento de Justicia (DOJ) en la aplicación de la ley de inmigración, lo que indica un cambio en las prioridades de la fiscalía. La directriz dirige a los fiscales federal a presentar cargos penales graves en los casos relacionados con inmigración, incluidos contra los empleadores que están informados o imprudentemente emplean a trabajadores indocumentados. Los fiscales tienen instrucciones de centrarse en delitos graves y fácilmente demostrables, en particular los que implican acoger o transportar a personas indocumentadas, no cumplir con los requisitos de registro de inmigración y el fraude documental relacionado con los procesos de verificación de Elegibilidad de Empleo I-9. Estos casos pueden dar lugar a importantes sanciones, como multas y penas de prisión.
La mayor atención del Departamento de Justicia a la aplicación de las leyes de inmigración tiene por objeto combatir la inmigración ilegal y perseguir a los empleadores, en particular a los que contratan a titulares de visados H-1B o a contratistas externos. Las empresas podrían enfrentarse a cargos penales por falsedad o incumplimiento de las leyes de inmigración. La política también refuerza la colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que cada vez emprenderá mas acciones penales, y exige la notificación de cualquier delito relacionado con la inmigración que no sea objeto de enjuiciamiento.
En línea con este enfoque, se insta a los fiscales a perseguir los cargos y las penas más graves, asegurándose de que la negociación de los cargos no de lugar a una reducción de cargos. La imposición de penas debe ajustarse a la escala recomendada en las Directrices de imposición de penas de los EE. UU., haciendo hincapié en las penas severas. Es importante destacar que el Departamento de Justicia ya no tendrá amplia discrecionalidad para rechazar casos penales de inmigración. Se espera que las distintas Fiscalías de EE. UU. acepten y persigan todos los casos penales de inmigración. Se espera que las distintas Fiscalías de EE. UU. acepten y persigan todos los casos penales remitidos por las fuerzas de seguridad o los servicios de inteligencia, en particular los relacionados con el empleo ilegal, las infracciones del sistema I-9 y el fraude de visados. El objetivo es eliminar el “imán del empleo” que impulsa la inmigración ilegal.
Dada esta mayor atención a las infracciones penales en materia de inmigración, los expertos advierten a las empresas, especialmente a las pequeñas, que se mantengan vigilante en cuanto al cumplimento de las leyes de inmigración. Se aconseja a los empleadores que realicen auditorias periódicas del I-9, se aseguren de que toda la documentación está en orden y se preparen para posibles redadas del ICE. Es fundamental que las empresas trabajen con un asesor jurídica para abordar cualquier posible infracción de forma proactiva antes de que intervengan las autoridades federales. Este cambio en la política del DOJ significa que las empresas deben adoptar programas integrales de cumplimento en materia de inmigración para evitar riesgos legales significativos. Para mas preguntas sobre este y otros asuntos de inmigración, póngase en contacto con los abogados de Gonzalez Olivieri LLC.
Referencia:
Anderson, Stuarts. “DOJ Immigration Memo Bad News For Employers Of Immigrants, H-1B Visas” Forbes. February 25, 2025.